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Investigan por abuso sexual a dos hombres oriundos de Porteña

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La víctima es una menor que hoy tiene 10 años. Ayer al mediodía se sometió a la menor a la Cámara Gesell a los fines de esclarecer lo sucedido.

La fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco investiga a dos hombres de 67 y 79 años de la localidad de Porteña, los cuales se encuentran sospechados como presuntos autores del delito de “abuso sexual simple” en perjuicio de una menor que hoy tiene 10 años.

Hoy al mediodía se sometió a la menor a la Cámara Gesell a los fines de esclarecer lo sucedido.

Los tocamientos impúdicos sobre el cuerpo de la menor habrían comenzado hace cuatro años atrás y se habrían prologando en el tiempo.

Ambos hombres no tienen una relación de parentesco con la víctima, aunque uno de ellos, no se informo cuál, sería el padrino de la menor.

La defensa de los dos hombres -quienes aún no han sido imputados formalmente- fue asumida por el abogado penalista de nuestra ciudad Rubén Caffaratta y ambos se encuentran en libertad mientras la investigación a cargo del fiscal Bernardo Alberione avanza.

 

Fuente: La Voz de San Justo

 

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Imputaron a dos jefes policiales y tres agentes de Seguridad Vial por delitos en el centro y norte de la provincia

Se daba órdenes a los agentes para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. También se avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, a cambio de coimas.

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Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados hoy por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.

La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas este mediodía fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.

Uno de los hombres investigados es el ahora exjefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.

“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.

“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el MPA.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.

“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.

“También pidió 15.000 pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.

Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.

En relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó hoy la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.

Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30.000 pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.

Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.

La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados hoy. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.

Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30.000 pesos cada uno.

Mañana se llevaría a cabo en los tribunales de Rafaela la imputación a un sexto policía que fue detenido en el marco de esta investigación. Sus iniciales son LAC y tiene 40 años.

Fuente: LT9

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Abogada esperancina fue condenada por falsificación de documentos

Se trata de Lorena María Fernanda Sandoval de 47 años. Así lo resolvió la jueza Susana Luna en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La profesional les causó un perjuicio económico a sus clientes al generarles falsas expectativas de cobro.

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Una abogada de 47 años identificada como Lorena María Fernanda Sandoval fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional por falsificar tres oficios de la Justicia Federal, uno del Poder Judicial de la Provincia y un documento bancario en Esperanza.

La sentencia fue resuelta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio de procedimientos abreviados que se llevó adelante en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Por su parte, la investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Esperanza de la Fiscalía Regional 1.

Deuda

La Fiscalía sostuvo que Sandoval confeccionó tres oficios que contenían el sello y la firma falsos de un juez federal. En la audiencia se puntualizó que uno de los documentos tenía fecha de principios de julio de 2016 y establecía que una clienta de la abogada condenada debía recibir 4.400.000 pesos de parte de un hombre con el que mantenía un conflicto judicial.

«Días después, la abogada elaboró un segundo documento falso en el que reclamaba el pago del dinero y especificaba que ella estaba autorizada para intervenir en su diligenciamiento», añadió el MPA.

«Finalmente, en agosto de 2016, la profesional falsificó el tercer escrito, en el que agregó a la deuda otros 200.000 pesos en concepto de intereses punitorios, por lo que se determinó que el hombre intimado debía abonar 4.600.000 pesos», detalló la Fiscalía.

Cuenta Bancaria

El MPA también señaló que en febrero de 2018 la condenada redactó un oficio apócrifo con el logo del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. En ese texto se especificaba que la hija de un hombre fallecido debía recibir «las sumas que se encuentren depositadas y a depositarse» en una determinada cuenta bancaria.

Según se relató en la audiencia, días después, Sandoval labró un documento falso con el logo del Nuevo Banco de Santa Fe y la supuesta firma y aclaración de un asistente de esa entidad bancaria. Mediante ese documento, se informaba a la beneficiaria que podía retirar el dinero en una sucursal y que, luego de cobrarlo, debía abonarle a su abogada los honorarios correspondientes.

Perjuicio económico

El MPA remarcó que en todos los hechos ilícitos, la profesional les causó un perjuicio económico a sus clientes al generarles falsas expectativas de cobro.

Delitos

Sandoval fue condenada como autora de los delitos de falsificación de sello y de documento público.

Matrícula suspendida

En relación al ejercicio profesional de la abogada, la Fiscalía mencionó que la mujer tiene la matrícula suspendida desde septiembre de 2020.

Fuente: Castellanos

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Condenaron al estafador rafaelino que se hacía pasar por vendedor de autos

El hombre llevó a cabo su raid delictivo en la localidad de San Cristóbal, donde estafó en reiteradas oportunidades, fingiendo ser vendedor de autos, y quedándose con el dinero de las víctimas.

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Foto ilustrativa de Internet

Este martes, se llevó a cabo en Tribunales de San Cristóbal, una audiencia de procedimiento abreviado, en la cual fue condenado Alan Antonio, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional.

La Fiscal del caso, la Dra. Emilse Fissore, imputó al hombre delitos de estafas reiteradas en cuatro oportunidades y falsificación de documento privado reiterada, también en cuatro oportunidades, todo en concurso real.

El modus operandi del acusado fue fingir ser vendedor de automóviles, y a cada una de las víctimas, solicitaba un dinero por adelantado, pero los vehículos nunca fueron entregados. Sumado a esto hacía entrega de documentos apócrifos los cuales hacía firmar a sus víctimas.

La defensa, a cargo de los Doctores José María Silvela, y Carlos Farias Demaldé, acordó con el Ministerio Público de la Acusación, una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de normas de conducta y una reparación por daños causados.

Por tres años, Alan Antonio, deberá cumplir las siguientes medidas:

  • Fijar residencia
  • Prohibición absoluta de aproximarse y/o contactarse por cualquier medio con las víctimas de los hechos que les fueran atribuidos.
  • Prohibición de concurrir a la ciudad de San Cristóbal y a la localidad de Elisa, ambas de la provincia de Santa Fe.

Además, el acusado ofreció como reparación económica a las víctimas, el monto total que se obtenga de la venta de su automóvil Peugeot 206, el cual le había sido secuestrado en el mes de marzo.

Fuente: Rafaela Noticias

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