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Salta 2141: 22 muertes, 62 heridos y un solo condenado que no irá preso

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Según el fallo de primera instancia, el gasista que trabajó en el edificio el 6 de agosto de 2013 provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas

La explosión ocurrida el 6 de agosto de 2013 en Salta 2141, que dejó un saldo de 22 muertos y 62 heridos, tiene un único responsable penal. Según consideró la justicia, en primera instancia, el gasista que realizó mal su trabajo aquella mañana provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Carlos Osvaldo García recibió este martes la pena de 4 años de prisión efectiva, pero no quedó preso, ya que su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas por “insuficiencia probatoria” en su contra.

Con la sentencia, el tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva no consideró que la tragedia fue la consecuencia de trabajos mal hechos anteriormente en el edificio y la falta de control sobre los mismos. No hizo lugar, como pretendía la Fiscalía y la querella, a la teoría de imputación objetiva, es decir, a que existió una cadena de omisiones de varias personas que generaron situaciones de peligro que aportaron al resultado final: la explosión. “Se advierte que la teoría del caso presenta fisuras argumentales”, indicó Canavesio al leer la resolución en la sala 7 del Centro de Justicia Penal.

¿Por qué condenaron a García y por qué no irá preso?

Las once personas que llegaron al juicio fueron acusadas por el delito de estrago culposo agravado. Estrago significa un daño de grandes proporciones que haya generado peligro; culposo porque ninguno tuvo la intencionalidad de causar la explosión; y agravado por la cantidad de personas afectadas por el hecho. El máximo de pena por este delito es de cinco años de prisión efectiva. Y la Fiscalía pidió ese monto de pena para nueve de los once acusados, a excepción del gasista José Luis Allala (gasista que trabajó en la torre a finales de julio) y a Gerardo Bolaño (reclamista de Litoral Gas que cortó el servicio a finales de julio).

Si bien no se conocieron los fundamentos, ya que se darán a conocer luego, el tribunal solo encontró pruebas para condenar a García. “Había pruebas para condenar a más personas”, sostuvieron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que apelará las absoluciones.

García no quedó preso tras la audiencia porque, según confiaron desde la justicia, llegó en libertad y la condena no está firme; y porque la sentencia no fue unánime. Los jueces Canavesio y Zvala se inclinaron por dictar cuatro años de prisión efectiva, mientras que Leiva consideró que debía recibir tres años de prisión en suspenso bajo el cumplimiento de una serie de reglas de conducta que tendría que realizar por el período de cuatro años.

Según la acusación, Carlos García manipuló el gabinete de gas sin haber cortado el suministro para empezar a trabajar; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; ni avisó a los vecinos cuando comenzó la fuga que duró doce minutos. “Sabíamos que iba a ser condenado”, expresó la fiscal Argüelles en conferencia de prensa al tiempo que añadió que se vio sorprendida por la absolución de los otros diez imputados.

Los fiscales y la querella hicieron hincapié durante el debate oral y público en que tres fallecimientos fueron por inhalación de monóxido de carbono y no por traumatismos, según determinaron las autopsias. Por ese motivo remarcaron un dato: el suministro de gas se cortó en la zona 2 horas y 46 minutos después de la explosión, ya que la única máquina que tenía Litoral Gas para hacerlo estaba en otro punto de la ciudad, en Circunvalación y Oroño. Sugirieron de esta forma que podría haber sido menor la cantidad de víctimas fatales si se interrrumpía antes.

Para el tribunal no hubo elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los reclamistas de Litoral Gas que hicieron trabajos en el edificio previamente, ni a sus superiores, ni a los encargados de la administración del consorcio por haber contratado a García y por haber sugerido a los vecinos que no llamaran a la empresa porque se iban a quedar sin servicio.

 

Fuente: Rosario3.com

 

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Condena a 20 años de cárcel para un hombre que abusó de la hija de su pareja cuando era niña

Se trata de Alejandro Agustín Duarte de 38 años. Los abusos tuvieron lugar en Lehmann y San Vicente

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Un hombre de 38 años identificado como Alejandro Agustín Duarte fue condenado a 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de la mujer que era su pareja en las localidades de Lehmann y San Vicente (departamento Castellanos).

La sentencia fue impuesta por los jueces Javier Bottero y José Luis Estévez y por la conjueza Cecilia Álamo en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Rafaela. Por su parte, el fiscal que representó al MPA en el debate fue Gustavo Bumaguin.

“Los magistrados impusieron el mismo monto de la pena que habíamos solicitado desde la Fiscalía”, valoró el fiscal y añadió que “más allá de que aún no conocemos los fundamentos, la sentencia es muy positiva”.

Bumaguin también destacó que “en los alegatos de clausura reiteramos lo que demostramos en el debate: que los hechos ilícitos existieron, que fueron efectivamente cometidos por Duarte y que se dieron en un contexto de violencia de género”.

Los hechos

“El condenado agredió sexualmente a la víctima durante varios años, cuando ella transitaba la escolaridad primaria”, informó Bumaguin. “Duarte cometió los abusos en momentos en los que la madre de la niña no estaba con ellos”, agregó el fiscal.

El representante del MPA relató que “en el marco de los hechos ilícitos, el condenado amenazó a la víctima con hacerle daño a distintos allegados a ella si alguien se enteraba de lo sucedido”. Además, el fiscal remarcó que “tal como se demostró en el juicio, en reiteradas ocasiones, le mostró videos pornográficos mientras la violentaba sexualmente de diferentes maneras”.

“La primera vez que el condenado atacó a la niña fue en una casa en Lehmann en la que ella vivía con su madre”, expuso el representante del MPA.

A su vez, señaló que “las agresiones sexuales se reiteraron en tres domicilios de San Vicente que la víctima habitó con su grupo familiar”, y detalló que “dada la relación que Duarte mantenía con la madre de la niña, él también vivió en dos de esos inmuebles”.

Por otro lado, el fiscal Bumaguin sostuvo que “el accionar delictivo de Duarte tuvo entidad suficiente para alterar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la víctima”, y destacó que “todos los hechos fueron cometidos en un claro contexto de violencia de género”.

Condena

Duarte fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado y agravado (por ser contra una menor de 18 años, por haber sido cometido por quien estaba a cargo de la guarda de la víctima y aprovechando la situación de convivencia preexistente); abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores agravada (por la edad de la víctima, por ser el imputado persona conviviente con ella y por efectuarse bajo amenazas).

Fuente: L.T.9.

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Se ordenó la prisión preventiva de un hombre que circulaba por la ruta 34 con una camioneta robada

Se le atribuyó el delito de encubrimiento por receptación y uso de documento público falso. El ilícito fue cometido el miércoles pasado y, según planteó el fiscal, el hombre sabía del origen ilícito del vehículo. Con el imputado también iba una mujer, a quien también se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

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Quedó en prisión preventiva un hombre de 44 años que es investigado por conducir una camioneta robada y con documentación falsa. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela a través de la aplicación Zoom.

El MPA estuvo representado por el fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la investigación y solicitó que el hombre, cuyas iniciales son AMC (44 años), transite el proceso judicial privados de su libertad. Con el imputado iba de acompañante una mujer de 32 años e iniciales MERA, para quien el fiscal también solicitó la prisión preventiva.

La juez Fortunato resolvió de manera oral y dispuso la prisión preventiva por 60 días para el imputado. En relación a la mujer, ordenó que se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

Encubrimiento y documentación apócrifa

Castellano relató que “el 30 de noviembre pasado, aproximadamente a las 22:00, personal policial de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial (DGPSV) detuvo la marcha de una camioneta marca Volkswagen Amarok porque presentaba a simple vista anomalías en su dominio trasero”.

El fiscal manifestó que “al requerírsele la documentación del vehículo al conductor, exhibió una cédula de identificación falsa que no correspondía al mismo, ya que el número de chasis de la camioneta no era el mismo que figuraba en la documentación exhibida”. En tal sentido, agregó que “además, la cédula pertenecía a una camioneta denunciada como robada en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires”.

“Luego de una verificación exhaustiva de la camioneta se constató que el número de chasis no era el original ya que la numeración había sido limada con un elemento abrasivo y regrabado con cuños no originales”, detalló el fiscal. “Además, las chapas patentes que tenía colocadas no poseían las medidas de seguridad dispuestas por la Dirección Nacional del Registro Propiedad del Automotor y los cristales de las puertas y lunetas fueron pulidos y regrabados con números apócrifos”, puntualizó Castellano.

Peligros procesales

En la audiencia, el fiscal del MPA consideró que “los hechos están acreditados y además el hombre investigado tiene un antecedente condenatorio. En relación con los riesgos procesales, existe el peligro de fuga en cuanto a AMC ya que no tiene actividad laboral declarada y no se le conoce arraigo suficiente. Pero diferente es la situación de la acompañante”. “En virtud de ello -agregó Castellanos- solicitamos la prisión preventiva para el hombre y la libertad con medidas alternativas para la mujer”.

El representante del MPA informó que “la jueza hizo lugar a nuestros fundamentos con respecto al imputado ya que sostuvo que está acreditada la autoría y materialidad de los hechos y su participación en los mismos”.

“En cuanto a la mujer investigada, la situación es diferente y dispuso la sustitución de la prisión preventiva con medias alternativas, por lo que la imputada debió fijar domicilio, abonar una caución de 100.000 pesos y deberá comparecer quincenalmente a firmar en la comisaría más cercana a su domicilio”.

Calificación penal

Las dos personas investigadas fueron imputadas como coautoras de los delitos de encubrimiento por receptación y uso de documento público falso.

Fuente: L.T.9.

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Judicial

Condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de cárcel por corrupción en obra pública

Fue por administración fraudulenta, pero la absolvieron por asociación ilícita. La penaron a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No irá presa y podría ser candidata hasta que la sentencia esté firme.

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FOTO: Cristina Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, luego de tres años y medio de debate judicial en Comodoro Py. A su vez, la expresidenta fue absuelta por la acusación de liderar una asociación ilícita.

Así lo determinó la sentencia de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo además como imputados al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado a la pena de 6 años de prisión por “administración fraudulenta”.

La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Gorini.

A pesar de que este martes por la tarde se conoció el veredicto, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que -tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

Si bien la Vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena.

En total, sumaron 13 los acusados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por un monto superior a los 5.321 millones de pesos.

El juicio, que investigó el período investigado que va de 2003 a 2015, comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.

La exmandataria fue acusada de liderar una banda delictiva que favorecía a Báez con la concesión de obras públicas en Santa Cruz, durante el período investigado.

Noticia en desarrollo.

HABLA CRISTINA TRAS LA CONDENA

Cristina Kirchner, tras la condena: “Esto es Estado paralelo y mafia judicial”
Dijo por sus redes sociales que “no se probaron las mentiras de los fiscales”. Negó haber tenido el poder de administrar el presupuesto para las obras. Cuestionó el viaje al sur de jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que acaba de recibir una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, sostuvo este martes que “está claro que la idea” de los jueces era condenarla, más allá de las pruebas y, al respecto, aseguró: “Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”.

La expresidenta y líder del peronismo enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita (por este delito resultó absuelta) y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa sobre direccionamiento de las obras de Vialidad en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

“Esto no es ni lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, enfatizó.

A propósito de esto, añadió: “La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales, la vimos este fin de semana, cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido con financiación supuestamente de un multimedio”.

Fuente: Cadena 3

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