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Condenaron a cuatro años de prisión al expresidente del SAMCo de Sunchales

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En aundiencia realizada en la mañana de este miécoles en tribunales de Rafaela, se llevó a cabo la lectura de sentencia sobre Sunchalense, afectado por el tema SAMco local.

Hugo R. Acuña recibió 4 años de prisión de cumplimiento efectivo a partir de que la sentencia quede firme e inhibición perpetua para ocupar cargos públicos así lo determinó el Juez Alejandro Mognaschi

Próxima etapa, Cámara de apelaciones y actuación de la defensa, hasta que la sentencia quede firme

Ampliaremos

 

Por Móvil Quique – Datos y Fotos, Elvio Saravia

 

Condenaron a cuatro años de prisión al expresidente del SAMCo de Sunchales por el delito de malversación de caudales públicos


(Parte Oficial  MPA)

 

Se trata de Hugo Ricardo Acuña de 63 años, a quien se le impuso la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. El ilícito fue cometido en 2016. También se ordenó su inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Un hombre de 63 años identificado como Hugo Ricardo Acuña fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de malversación de caudales públicos agravado cometido en 2016 en perjuicio del SAMCo de Sunchales (departamento Castellanos), hospital “Dr. Almicar Gorosito”. Así lo resolvió el juez Alejandro Mognaschi en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Rafaela.

Acuña fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de malversación de caudales públicos agravado (peculado) en concurso real con malversación de caudales públicos simple.

Si bien desde Fiscalía se habían solicitado cinco años de prisión de ejecución efectiva, el juez Mognaschi resolvió condenar a Acuña a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos, una multa de 2.500$, más accesorias legales y costas del proceso. La detención del condenado se producirá una vez quede firme la sentencia.

El fiscal que investigó el hecho es Martín Castellano, a cargo de la sección Criminalidad Económica y Compleja (SeCEC) de la Fiscalía Regional 5.

La investigación

El ilícito por el que fue condenado Acuña fue cometido en 2016, momento en el que se desempeñaba como funcionario público del SAMCo. “El sábado 28 de noviembre de 2015, la vecinal de un barrio sunchalense organizó un evento gastronómico cuya recaudación fue donada al SAMCo”, explicó el fiscal. “El condenado –en su carácter de presidente de la Comisión Ejecutiva del efector de salud–, recibió la suma donada y no informó al Consejo de Administración ni a la Cooperadora acerca de lo acontecido, y tampoco lo depositó en el plazo previsto”, relató.

“En febrero de 2016, en ocasión en que las directoras técnicas del SAMCo solicitaron información y explicación de lo sucedido con este dinero, Acuña explicó que parte de la suma donada fue destinada al pago de gastos de la cena organizada por la vecinal del barrio”, detalló Castellano.

“El dinero recibido en concepto de esa donación permaneció en poder del imputado desde diciembre de 2015, y el 6 de abril de 2016 entregó parcialmente ese monto a la administradora del SAMCo, destinando una parte al pago de una deuda del hospital con un proveedor”, manifestó. En tal sentido, agregó que “esa entrega parcial se produjo una vez que los hechos adquirieron repercusión pública”.

Finalmente, el fiscal Castellano aseguró que “la conducta del imputado implicó –en su carácter de presidente de la Comisión Directiva del SAMCo Sunchales– sustraer caudales cuya administración le había sido confiada por razón de su cargo”. Además, “esa conducta implicó darle a los caudales administrados una aplicación diferente a la que estuvieran destinados, provocando un daño o entorpecimiento en la prestación de un mejor servicio de salud por parte del SAMCo Sunchales”, concluyó.

Consideraciones finales

El representante del MPA aseveró que “si bien no conocemos los argumentos de la sentencia, entendemos que producto de la valoración integral y conjunta de las pruebas producidas durante el debate, el juez arribó a la conclusión de que Acuña separó de la esfera de la administración del SAMCo fondos públicos –en concepto de donación– que personalmente había recibido como presidente del ente, y le otorgó a parte de ese dinero un destino distinto al que estaba asignado”.

También expresó que “quien asume de manera voluntaria y responsable la obligación de administrar, gestionar o manejar fondos públicos –en este caso un hospital público como ha sucedido con el condenado– debe observar en ese desarrollo de gestión una conducta sumamente transparente, prolija, ordenada y celosa sobre el origen, aplicación y rendición de esos fondos, más aún cuando se trata de fondos destinados a la salud pública”. En tal sentido, agregó que “su conducta en el manejo irregular de fondos públicos de un SAMCo, como pasó en este caso, incidió de manera directa y negativa en la salud de los usuarios de dichos servicios”.

Por otra parte, Castellano sostuvo que “esos manejos no permitieron elevar el nivel y calidad de prestaciones propias del efector público”.

Castellano referenció que “atañe al Estado la sanción de este tipo de acciones en virtud de la protección de la propia función pública al que estaban destinados”.

Finalmente, aseguró que “la actividad de los funcionarios públicos, en general y en el caso particular de Acuña, debe ser examinada con mayor rigurosidad, no sólo debido a que del cumplimiento de sus obligaciones depende la satisfacción de intereses superiores -en este caso, los servicios de salud-, sino también por cuanto todo desvío o manejo irregular de fondos, quiebra la confianza pública hacia quien debe administrar fondos públicos y en general hacia el normal y regular funcionamiento de la administración pública”.

Oficina de Prensa y Difusión MPA

 

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Condenaron a tres años de prisión a una mujer que se hizo pasar por médica

Se trata de Natalí Hurí de Simone de 42 años. Fue contratada en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Laguna Paiva, Esperanza, Sarmiento, La Pelada y Romang. Además, le provocó quemaduras en el rostro a una mujer a la que atendió en un centro de estética

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Una mujer de 42 años identificada como Natalí Hurí de Simone fue condenada a tres años de prisión por haber ejercido ilegalmente la medicina en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Laguna Paiva (las tres en el departamento La Capital), en Esperanza, La Pelada y Sarmiento (pertenecientes al departamento Las Colonias) y en Romang (en el departamento San Javier).

La sentencia fue resuelta por el juez Jorge Patrizi en un juicio de procedimientos abreviados que se realizó en los tribunales de la capital provincial. Por su parte, la investigación que permitió llegar a la condena estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Esperanza de la Fiscalía Regional 1.

En 2019, a la mujer se le impusieron normas de conducta en el marco de una suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, las incumplió y volvió a atender pacientes sin título ni matrícula habilitante. A raíz de esta nueva conducta delictiva, en septiembre del año pasado fue privada de su libertad y ahora se le impuso la condena.

Diagnósticos y tratamientos

Entre 2018 y 2021, De Simone prestó servicios como médica de guardia, emitió diagnósticos, hizo tratamientos y administró y recetó medicamentos en reiteradas oportunidades con plena conciencia de que no lo tenía permitido.

La Fiscalía especificó que la condenada ejerció ilegalmente la profesión en los Samcos de La Pelada, Sarmiento, Romang y Laguna Paiva, así como en clínicas privadas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Para este delito, el Código Penal establece una pena mínima de 15 días de prisión y una máxima de un año.

“La falsa médica también le causó lesiones a una mujer que acudió a un centro de estética de la capital provincial para que le hicieran un tratamiento facial llamado peeling”, expuso el MPA y agregó que “la condenada le aplicó de forma indebida cremas a la víctima y le causó quemaduras de primer grado en el rostro”.

Matrícula ajena

En la audiencia se señaló que el Colegio de Médicos de la provincia informó que durante la época en la que fueron cometidos los ilícitos no hubo ninguna profesional inscripta que se llamara como la condenada.

Asimismo, se remarcó que De Simone utilizó un sello confeccionado a pedido con su nombre y un número de matrícula que pertenece a una médica verdadera que está en actividad. Con ese instrumento, otorgó numerosas facturas tipo C para cobrar honorarios profesionales.

Por otro lado, la mujer refirió en un currículum vitae un presunto título profesional y dijo que había realizado una residencia en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, lo cual no fue así.

Fuente: Radio Belgrano-

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Cristina Kirchner recusó al fiscal y a un juez que la juzga en la causa obras públicas

Se trata del magistrado Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani.Es porque se conocieron fotos de ambos jugando al fútbol con funcionarios macristas en la quinta Los Abrojos.

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Fiscal y juez juntos en un partido de fútbol con allegados al macrismo.

Fiscal y juez juntos en un partido de fútbol con allegados al macrismo.Fiscal y juez juntos en un partido de fútbol con allegados al macrismo.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recusó al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que la someten a juicio por irregularidades en la obra pública, luego de que se conocieran fotos en las que ambos están jugando al fútbol con funcionarios macristas

La presentación fue realizada momentos antes de que el fiscal reanude sus alegatos por el abogado Carlos Beraldi y es a raíz de una tapa de Página/12 que reveló las fotos.

El planteo seguido por la defensa de la Vicepresidenta va en línea con lo que ella misma viene sosteniendo de la existencia del lawfare, una suerte de complot entre el Poder Judicial y la oposición para armarle causas.

“Impulsar una causa como Fiscal para que la resuelva un Juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública”, comenzó Beraldi en su planteo.

Beraldi mencionó que el partido de fútbol del equipo llamado “Liverpool” se dio en La Quinta Los Abrojos l cual es “de propiedad del ex presidente Mauricio Macri

“¿Les parece razonable que el Fiscal que acusa y el Juez que debe Juzgar a Cristina Fernández de Kirchner jueguen partidos de fútbol nada menos que en la quinta de Mauricio Macri, cuyo gobierno promovió esta misma causa y se constituyó como querellante y actor civil a través de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la Dirección Nacional de Vialidad?”, cuestionó.

Fuente: Noticias Argentinas

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Imputaron a dos jefes policiales y tres agentes de Seguridad Vial por delitos en el centro y norte de la provincia

Se daba órdenes a los agentes para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. También se avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, a cambio de coimas.

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Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados hoy por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.

La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas este mediodía fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.

Uno de los hombres investigados es el ahora exjefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.

“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.

“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el MPA.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.

“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.

“También pidió 15.000 pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.

Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.

En relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó hoy la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.

Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30.000 pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.

Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.

La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados hoy. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.

Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30.000 pesos cada uno.

Mañana se llevaría a cabo en los tribunales de Rafaela la imputación a un sexto policía que fue detenido en el marco de esta investigación. Sus iniciales son LAC y tiene 40 años.

Fuente: LT9

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