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Condenaron a cuatro años de prisión al expresidente del SAMCo de Sunchales

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En aundiencia realizada en la mañana de este miécoles en tribunales de Rafaela, se llevó a cabo la lectura de sentencia sobre Sunchalense, afectado por el tema SAMco local.

Hugo R. Acuña recibió 4 años de prisión de cumplimiento efectivo a partir de que la sentencia quede firme e inhibición perpetua para ocupar cargos públicos así lo determinó el Juez Alejandro Mognaschi

Próxima etapa, Cámara de apelaciones y actuación de la defensa, hasta que la sentencia quede firme

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Por Móvil Quique – Datos y Fotos, Elvio Saravia

 

Condenaron a cuatro años de prisión al expresidente del SAMCo de Sunchales por el delito de malversación de caudales públicos


(Parte Oficial  MPA)

 

Se trata de Hugo Ricardo Acuña de 63 años, a quien se le impuso la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. El ilícito fue cometido en 2016. También se ordenó su inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Un hombre de 63 años identificado como Hugo Ricardo Acuña fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de malversación de caudales públicos agravado cometido en 2016 en perjuicio del SAMCo de Sunchales (departamento Castellanos), hospital “Dr. Almicar Gorosito”. Así lo resolvió el juez Alejandro Mognaschi en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Rafaela.

Acuña fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de malversación de caudales públicos agravado (peculado) en concurso real con malversación de caudales públicos simple.

Si bien desde Fiscalía se habían solicitado cinco años de prisión de ejecución efectiva, el juez Mognaschi resolvió condenar a Acuña a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos, una multa de 2.500$, más accesorias legales y costas del proceso. La detención del condenado se producirá una vez quede firme la sentencia.

El fiscal que investigó el hecho es Martín Castellano, a cargo de la sección Criminalidad Económica y Compleja (SeCEC) de la Fiscalía Regional 5.

La investigación

El ilícito por el que fue condenado Acuña fue cometido en 2016, momento en el que se desempeñaba como funcionario público del SAMCo. “El sábado 28 de noviembre de 2015, la vecinal de un barrio sunchalense organizó un evento gastronómico cuya recaudación fue donada al SAMCo”, explicó el fiscal. “El condenado –en su carácter de presidente de la Comisión Ejecutiva del efector de salud–, recibió la suma donada y no informó al Consejo de Administración ni a la Cooperadora acerca de lo acontecido, y tampoco lo depositó en el plazo previsto”, relató.

“En febrero de 2016, en ocasión en que las directoras técnicas del SAMCo solicitaron información y explicación de lo sucedido con este dinero, Acuña explicó que parte de la suma donada fue destinada al pago de gastos de la cena organizada por la vecinal del barrio”, detalló Castellano.

“El dinero recibido en concepto de esa donación permaneció en poder del imputado desde diciembre de 2015, y el 6 de abril de 2016 entregó parcialmente ese monto a la administradora del SAMCo, destinando una parte al pago de una deuda del hospital con un proveedor”, manifestó. En tal sentido, agregó que “esa entrega parcial se produjo una vez que los hechos adquirieron repercusión pública”.

Finalmente, el fiscal Castellano aseguró que “la conducta del imputado implicó –en su carácter de presidente de la Comisión Directiva del SAMCo Sunchales– sustraer caudales cuya administración le había sido confiada por razón de su cargo”. Además, “esa conducta implicó darle a los caudales administrados una aplicación diferente a la que estuvieran destinados, provocando un daño o entorpecimiento en la prestación de un mejor servicio de salud por parte del SAMCo Sunchales”, concluyó.

Consideraciones finales

El representante del MPA aseveró que “si bien no conocemos los argumentos de la sentencia, entendemos que producto de la valoración integral y conjunta de las pruebas producidas durante el debate, el juez arribó a la conclusión de que Acuña separó de la esfera de la administración del SAMCo fondos públicos –en concepto de donación– que personalmente había recibido como presidente del ente, y le otorgó a parte de ese dinero un destino distinto al que estaba asignado”.

También expresó que “quien asume de manera voluntaria y responsable la obligación de administrar, gestionar o manejar fondos públicos –en este caso un hospital público como ha sucedido con el condenado– debe observar en ese desarrollo de gestión una conducta sumamente transparente, prolija, ordenada y celosa sobre el origen, aplicación y rendición de esos fondos, más aún cuando se trata de fondos destinados a la salud pública”. En tal sentido, agregó que “su conducta en el manejo irregular de fondos públicos de un SAMCo, como pasó en este caso, incidió de manera directa y negativa en la salud de los usuarios de dichos servicios”.

Por otra parte, Castellano sostuvo que “esos manejos no permitieron elevar el nivel y calidad de prestaciones propias del efector público”.

Castellano referenció que “atañe al Estado la sanción de este tipo de acciones en virtud de la protección de la propia función pública al que estaban destinados”.

Finalmente, aseguró que “la actividad de los funcionarios públicos, en general y en el caso particular de Acuña, debe ser examinada con mayor rigurosidad, no sólo debido a que del cumplimiento de sus obligaciones depende la satisfacción de intereses superiores -en este caso, los servicios de salud-, sino también por cuanto todo desvío o manejo irregular de fondos, quiebra la confianza pública hacia quien debe administrar fondos públicos y en general hacia el normal y regular funcionamiento de la administración pública”.

Oficina de Prensa y Difusión MPA

 

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Se ordenó la prisión preventiva de un hombre que circulaba por la ruta 34 con una camioneta robada

Se le atribuyó el delito de encubrimiento por receptación y uso de documento público falso. El ilícito fue cometido el miércoles pasado y, según planteó el fiscal, el hombre sabía del origen ilícito del vehículo. Con el imputado también iba una mujer, a quien también se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

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Quedó en prisión preventiva un hombre de 44 años que es investigado por conducir una camioneta robada y con documentación falsa. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela a través de la aplicación Zoom.

El MPA estuvo representado por el fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la investigación y solicitó que el hombre, cuyas iniciales son AMC (44 años), transite el proceso judicial privados de su libertad. Con el imputado iba de acompañante una mujer de 32 años e iniciales MERA, para quien el fiscal también solicitó la prisión preventiva.

La juez Fortunato resolvió de manera oral y dispuso la prisión preventiva por 60 días para el imputado. En relación a la mujer, ordenó que se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

Encubrimiento y documentación apócrifa

Castellano relató que “el 30 de noviembre pasado, aproximadamente a las 22:00, personal policial de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial (DGPSV) detuvo la marcha de una camioneta marca Volkswagen Amarok porque presentaba a simple vista anomalías en su dominio trasero”.

El fiscal manifestó que “al requerírsele la documentación del vehículo al conductor, exhibió una cédula de identificación falsa que no correspondía al mismo, ya que el número de chasis de la camioneta no era el mismo que figuraba en la documentación exhibida”. En tal sentido, agregó que “además, la cédula pertenecía a una camioneta denunciada como robada en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires”.

“Luego de una verificación exhaustiva de la camioneta se constató que el número de chasis no era el original ya que la numeración había sido limada con un elemento abrasivo y regrabado con cuños no originales”, detalló el fiscal. “Además, las chapas patentes que tenía colocadas no poseían las medidas de seguridad dispuestas por la Dirección Nacional del Registro Propiedad del Automotor y los cristales de las puertas y lunetas fueron pulidos y regrabados con números apócrifos”, puntualizó Castellano.

Peligros procesales

En la audiencia, el fiscal del MPA consideró que “los hechos están acreditados y además el hombre investigado tiene un antecedente condenatorio. En relación con los riesgos procesales, existe el peligro de fuga en cuanto a AMC ya que no tiene actividad laboral declarada y no se le conoce arraigo suficiente. Pero diferente es la situación de la acompañante”. “En virtud de ello -agregó Castellanos- solicitamos la prisión preventiva para el hombre y la libertad con medidas alternativas para la mujer”.

El representante del MPA informó que “la jueza hizo lugar a nuestros fundamentos con respecto al imputado ya que sostuvo que está acreditada la autoría y materialidad de los hechos y su participación en los mismos”.

“En cuanto a la mujer investigada, la situación es diferente y dispuso la sustitución de la prisión preventiva con medias alternativas, por lo que la imputada debió fijar domicilio, abonar una caución de 100.000 pesos y deberá comparecer quincenalmente a firmar en la comisaría más cercana a su domicilio”.

Calificación penal

Las dos personas investigadas fueron imputadas como coautoras de los delitos de encubrimiento por receptación y uso de documento público falso.

Fuente: L.T.9.

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Condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de cárcel por corrupción en obra pública

Fue por administración fraudulenta, pero la absolvieron por asociación ilícita. La penaron a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No irá presa y podría ser candidata hasta que la sentencia esté firme.

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FOTO: Cristina Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, luego de tres años y medio de debate judicial en Comodoro Py. A su vez, la expresidenta fue absuelta por la acusación de liderar una asociación ilícita.

Así lo determinó la sentencia de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo además como imputados al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado a la pena de 6 años de prisión por “administración fraudulenta”.

La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Gorini.

A pesar de que este martes por la tarde se conoció el veredicto, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que -tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

Si bien la Vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena.

En total, sumaron 13 los acusados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por un monto superior a los 5.321 millones de pesos.

El juicio, que investigó el período investigado que va de 2003 a 2015, comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.

La exmandataria fue acusada de liderar una banda delictiva que favorecía a Báez con la concesión de obras públicas en Santa Cruz, durante el período investigado.

Noticia en desarrollo.

HABLA CRISTINA TRAS LA CONDENA

Cristina Kirchner, tras la condena: “Esto es Estado paralelo y mafia judicial”
Dijo por sus redes sociales que “no se probaron las mentiras de los fiscales”. Negó haber tenido el poder de administrar el presupuesto para las obras. Cuestionó el viaje al sur de jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que acaba de recibir una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, sostuvo este martes que “está claro que la idea” de los jueces era condenarla, más allá de las pruebas y, al respecto, aseguró: “Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”.

La expresidenta y líder del peronismo enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita (por este delito resultó absuelta) y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa sobre direccionamiento de las obras de Vialidad en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

“Esto no es ni lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, enfatizó.

A propósito de esto, añadió: “La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales, la vimos este fin de semana, cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido con financiación supuestamente de un multimedio”.

Fuente: Cadena 3

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Corrupción con la obra pública: se conoce el veredicto contra Cristina Kirchner

El tribunal oral dará sólo el veredicto, inocente o culpable y en este último caso cuántos años de prisión, pero los fundamentos se darán a conocer en el primer trimestre de 2023.

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FOTO: Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°2 anuncia el veredicto en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por el que la fiscalía pidió para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la pena de 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita.

El tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, dará a conocer sólo el veredicto (inocente o culpable, y en este último caso cuántos años de pena) mas no aún los fundamentos de la sentencia.

Los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer esos fundamentos, lo cual –teniendo en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.

En total, son 13 los imputados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.

En caso de condenas, el delito de administración fraudulenta conlleva además la pena de “inhabilitación especial perpetua” para ocupar cargos públicos.

Durante la sustanciación del debate se produjeron dos situaciones que modificaron el escenario inicial: con el cambio de gobierno, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante y en la etapa de alegatos, la Unidad de Información Financiera desistió de pedir pena para los imputados.

Así, sólo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mantuvieron en pie la acusación, y pidieron penas que van de los dos a los 12 años de prisión, en este último caso para Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

En el tramo final del juicio, además, trascendieron fotografías en las que el juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani aparecen integrando un equipo de fútbol amateur que disputaba torneos en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri.

Las querellas, especialmente la de la vicepresidenta y la del ex ministro Julio De Vido, recusaron al fiscal y al juez, pero los planteos fueron desestimados.

Cristina Kirchner declaró en dos oportunidades en el juicio: al principio, en indagatoria y sin responder preguntas, y durante el alegato de su defensa, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy.

Previo a esa última exposición había pedido ampliar su indagatoria, pero el tribunal no se lo permitió porque ya estaba en marcha la etapa de alegatos.

Entonces la vicepresidenta optó por formular en una transmisión en vivo de Youtube ese descargo que tenía previsto en el juicio.

El veredicto es apelable en al menos una instancia, la Cámara Federal de Casación Penal, y eventualmente también ante la Corte Suprema por vía de un “recurso extraordinario” o, en su defecto, un “recurso de queja”.

Sólo después de la intervención de la Corte, la sentencia tendrá fuerza de cosa juzgada.

Fuente: Cadena 3

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