El Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) le solicitó este miércoles a la Justicia que prohíba salir del país a los directivos de Edesur que fueron acusados tras la denuncia penal contra el directorio del organismo. La ampliación contó con la firma del interventor, Walter Martello, y el abogado Miguel Priolo.

En el escrito se pide la restricción para “Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro a los fines de evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.

Dentro de los argumentos, se menciona lo expresado en la Resolución 307/2023, en la que se dispuso la intervención provisoria de Edesur S.A. Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, había designado a Jorge Ferraresi.

Martelo dejó sentado que el Gobierno sostiene que Edesur “ha perdido su capacidad operativa en forma intencional”. Ante esto, apuntó contra los directivos por “frustrar dolosamente” el servicio eléctrico durante la última ola de calor de marzo.

También indicó que la medida se sostiene por lo que derivó en que 180 mil personas usuarias se hayan quedado sin servicio el 10 de febrero de 2023 y ello generara en los días posteriores baja y media tensión e interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro eléctrico en la zona que opera.

Por otro lado, remarca que el ENRE detectó desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información que brindó la distribuidora al organismo regulador.

”La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, expresó.

Además de otras faltas que se enumeraron, mencionaron que las instalaciones que son del área de concesión de Edesur “no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público”. Además, explica que, si la alta demanda se transfiere a otras instalaciones, se sobrecargan y salen de servicio.

La presentación se realizó este miércoles en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, en la causa que es tramitada en Comodoro Py.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía dispuso un aumento del 10%, retroactivo al 1° de marzo, de los precios máximos de referencias de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos para fraccionadores, distribuidores y venta al público, así como el butano y el propano para los productores adheridos al programa Hogar.

La medida se formalizó a través de la Resolución 168/2023, en el Boletín Oficial, que actualiza los montos vigentes desde febrero que se habían establecido en la resolución 62/2023.

Por otra parte, por medio de la resolución 167/2023 se autorizó una asistencia de $ 351.968.724,86 para once empresas productoras, con el propósito de asegurar el suministro de garrafas en hogares de bajos recursos.

Llueve sobre mojado: Massa enfrenta una crisis financiera y política
Al respecto, el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado, Pedro Cascales, dijo a Cadena 3 que “este aumento del 10% ayuda a achicar la brecha que teníamos con los costos. Mejoró algo, pero no resuelve el problema del fondo”.

Y explicó: “El sector del medio, el de los fraccionadores, recibe por una garrafa 677 pesos, más impuestos. Si agregamos lo que nos debe el Estado, serían 800 pesos. Nuestro costo es de $954. Al distribuidor le sucede algo similar”.

También describió que el Estado nacional mantiene una deuda de 5.000 millones de pesos con el sector. “Corresponde a la Asistencia Económica Transitoria. Ese monto se adeuda desde mediados del año pasado”.

“La preocupación son los 20 millones de usuarios de las garrafas. De seguir operando así, el sistema va a colapsar. Este es un negocio de capital intensivo, hacen falta inversiones constantes”, advirtió en diálogo con Cadena 3.

Garrafa de 10 kilos

De esta forma, el precio máximo de referencia para la garrafa de 10 kilos pasó a ser de $667 a partir del 1 de marzo (contra $606 anterior) para los fraccionadores, de $1.171 ($1.064 anterior) para los distribuidores, y de $1.229 ($1.118 anterior) para la venta al público.

Garrafa de 12 kilos

En el caso de las unidades de 12 kilos, los precios máximos pasaron a ser de $728 a $ 800, de $1.277 a $ 1.405 y de $1.341 a $1.475.

Garrafa de 15 kilos

En este caso, pasan de $910 a $1.000, de $1.597 a $1.756 y de $1.677 a $1.844, respectivamente, siempre en los valores del 1 de febrero a los nuevos del 1 de marzo.

El precio máximo de referencia por tonelada de butano y propano para los productores será de $ 35.672, de acuerdo con lo establecido en los anexos de la resolución.

Fuente: Cadena 3.

Un hombre arrastró con su camioneta durante 50 metros a la hija de 10 años de su pareja, que murió por el hecho, en Neuquén. Por tal motivo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) lo imputó por “homicidio culposo agravado”, aunque quedó en libertad.

El dramático hecho se produjo el domingo pasado a la medianoche en el barrio Villa Ceferino. Luis Hernán Cortés Castro fue acusado este martes por el asesinato de Valentina.

La acusación fue formulada el martes al mediodía en la Ciudad Judicial por las asistentes letradas Guadalupe Inaudi y Lucrecia Sola.

Cortés Castro estaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux cuando fue a buscar a su pareja. Cuando esta se subió al vehículo, la menor salió de la casa, se ubicó al costado del mismo para que no se marcharan y se sujetó.

“Ante esta situación, el conductor arrancó y manejó por alrededor de 50 metros. Luego, la nena cayó del rodado y golpeó la cabeza contra el ripio de la calle”, detalló el MPF mediante un comunicado.

“Después de que la niña cayera, el acusado y la mujer no advirtieron lo ocurrido y continuaron la marcha”, señalaron las abogadas.

“Los vecinos y vecinas vieron a la niña tendida en el ripio y avisaron a familiares de ella, quienes llamaron a la madre por teléfono”, agregaron.

Y finalizaron: “La madre y su pareja regresaron minutos después en la camioneta y trasladaron a la niña hacia un hospital”.

La nena de 10 años sufrió una fractura de cráneo, motivo por el cual perdió la vida, según arrojó el resultado de la autopsia.

Tras imputarlo por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un rodado, en carácter de autor, el hombre deberá realizar presentaciones semanales en la sede del ministerio como medida de coerción.

Además, tiene prohibido acercarse a los testigos del caso, a los familiares de la víctima y al lugar de los hechos.

Fuente: Cadena 3.