Se trata del jefe de la repartición, el comisario Lucas Gabriel Nos, el suboficial Matías José Cosentini y la oficial María Belén Muratore. Integraban el Grupo de Trabajo “Las Colonias” de la Agencia de Investigación Criminal hasta agosto del 2023 cuando dos de los tres agentes fueron detenidos por orden del fiscal federal Gustavo Onel que les imputó el encubrimiento a un narco. La oficial Muratore, por su parte, fue detenida la semana pasada en su casa de la ciudad de Coronda.

Los tres se encuentran imputados de haber conformado una Asociación Ilícita de carácter estable, con soporte estructural y división de roles destinada al tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro.

Según la investigación, encabezada por el fiscal Onel y su coadyuvante Gastón Theler, los tres exagentes policiales le compraban la droga al narco de la ciudad de Santa Fe, Daniel Carlos Segovia, actualmente detenido por una causa que se tramita en la Fiscalía Federal N° 2 luego de haberse encontrado en su casa de Castelli al 4.300 -el año pasado- drogas, armas y municiones.

Para los fiscales, la actividad clandestina de los “poli narcos” se llevó a cabo cuanto menos desde septiembre del 2022 hasta el 23 de mayo del 2023 y no solo se ejecutó en los puntos de venta de drogas de Esperanza, sino también se extendió hasta Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín.

El video y el teléfono

Para acusar a los policías, los fiscales se valieron de un video en el cual quedó registrado un encuentro en Santa Fe que mantuvo Segovia con los agentes de la Brigada de Drogas que viajaron hasta la capital provincial a bordo de un automóvil oficial de la dependencia que fue retirado el 24 de febrero del 2023 y devuelto cuatro días después.

Sin embargo, el plato fuerte de la investigación fue un teléfono celular que le secuestraron al suboficial Matías Cosentini en el marco de una causa que impulsa el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández.

En aquella investigación, Cosentini había denunciado el extravío de su arma reglamentaria, pero el fiscal Hernández no le creyó e inició una pesquisa para determinar si había perdido, vendido o alquilado el armamento, por lo que allanó el domicilio del suboficial y secuestró un teléfono.

El dispositivo debía ser peritado 7 de agosto del 2023, pero el procedimiento se frustró, ya que el personal de Análisis Digital Forense del Organismo de Investigaciones cuando fue a retirarlo, detectó que el celular estaba dañado y la tarjeta SIM había sido cortada a la mitad.

Con el paso del tiempo, los agentes del Organismo de Investigaciones lograron extraer información que permitió a la Justicia federal detectar el modus operandi de Cosentini en su paso por la Brigada de Drogas de Esperanza, bajo el mando del Comisario Lucas Nos.

Socios del narcotráfico

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que Nos, Cosentini y Muratore adquirían la droga del traficante santafesino y luego la insertaban en búnkeres de Esperanza y localidades aledañas. Los encargados de esos puntos de venta de estupefacientes les abonaban a los policías una “cuota” para la “habilitación” para vender la droga y luego debían efectuar el pago de sumas de dinero para obtener la “protección” de la Brigada. En caso de no hacerlo o de demorarse en el pago, los policías radicaban denuncias que eran informadas a la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Santa Fe para sacarle a los narcos el negocio y dárselo a nuevos actores.

Los fiscales sospechan además que parte del dinero recaudado por la Brigada tenía como destino escalas superiores de la cadena de mando policial. Sin embargo, hasta el momento la investigación no pudo detectar para quién iba la “recaudación”.

A sede judicial

Por la causa, el juez federal Reinaldo Rodríguez le tomó indagatoria a la oficial Muratore, quien tras escuchar los cargos en su contra se abstuvo de prestar declaración en una audiencia que tuvo lugar en el Juzgado.

En tanto, fueron citados a la sede judicial los detenidos Matías Cosentini y Lucas Nos para este miércoles. También lo deberá hacer el otro implicado que tiene la causa: el policía Néstor Oscar Rosales, imputado por confabulación para cometer el delito de tráfico de estupefacientes en el departamento Las Colonias.

También fue llamado a indagatoria el sindicado narco santafesino Daniel Carlos Segovia por haber integrado la asociación ilícita que investiga la Justicia federal.

Fuente: Castellanos

El día martes por la mañana, una porción de la icónica Recova cedió, desatando una urgente respuesta por parte de las autoridades locales. La Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, brindó declaraciones respecto al lamentable incidente, explicando las posibles causas y las medidas que se están implementando para mitigar los riesgos y salvaguardar la seguridad de la comunidad.

“Consideramos que los años de antigüedad de la construcción y su estructura de madera, sumado a la exposición a la intemperie, han contribuido al deterioro progresivo. Esto ha culminado en el colapso del techo, desencadenando el derrumbe de las paredes”, expresó Vidal.

Ante la emergencia, la prioridad ha sido garantizar la seguridad de los transeúntes y residentes de la zona. “La primera medida que se tomó fue llamar a los Bomberos para verificar que no hubiera ninguna persona atrapada bajo los escombros. Como segunda medida, estamos abordando el riesgo de derrumbe en la medianera del vecino más próximo”, afirmó la funcionaria.

En cuanto a las acciones a futuro, Vidal aseguró que se están implementando labores para estabilizar la estructura restante y prevenir futuros incidentes. “Avanzamos progresivamente para asegurar que la parte de la construcción que aún permanece en pie no represente riesgos adicionales. Los equipos municipales, liderados por el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio, junto con el apoyo de los Bomberos, están trabajando incansablemente en esta tarea”.

Además, se está llevando a cabo un minucioso análisis de los planos de los sótanos y túneles de la obra, con el objetivo de identificar posibles puntos críticos y mitigar cualquier riesgo potencial a largo plazo.

Fuente: Vía Rafaela

El operativo llevado a cabo por efectivos de la FPA, se desarrolló en un domicilio situado en la calle Ituzaingó al 1400, en el barrio La Florida de la ciudad de San Francisco. Durante la acción, se detuvo a una mujer de 28 años y se confiscaron dinero, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa.

Según las investigaciones, la mujer arrestada estaba involucrada en el ingreso de drogas al Establecimiento Penitenciario N° 7 y posteriormente recibía pagos mediante transferencias bancarias de las ventas que realizaban los detenidos.

Es importante destacar que este operativo está vinculado a un control realizado por los efectivos del establecimiento penitenciario, quienes al llevar a cabo una inspección exhaustiva en un pabellón, descubrieron varias dosis de cocaína y marihuana, teléfonos celulares, dinero y otros elementos relevantes.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi